El uso y abuso de la publicidad oficial por parte de los gobiernos como mecanismo de premio o castigo para la prensa y la falta de transparencia en el acceso a la información pública, entre otros, constituyen nuevas formas de censura, que amenazan a los países latinoamericanos, y a Honduras, en particular, según dos informes presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Open Society Institute, con sede en Nueva York.
El informe Censura Sutil en Honduras destaca una serie de elementos atentatorios a la libertad de expresión y el derecho a la información que registra el país en los últimos dos años, como parte de una vieja práctica que se ha dado a nivel de los gobiernos, sólo que ahora más acentuada.
La falta de un marco regulatorio que defina reglas claras en el otorgamiento de la publicidad oficial, las interferencias del gobierno al derecho a la información, las prácticas de censura sutil en el municipio de El Progreso y los efectos inhibitorios que ello produce a la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas, son entre otros, los aspectos abordados en el informe nacional.
A su vez, las instituciones patrocinantes, presentaron también el informe regional denominado El precio del silencio efectuado en siete países de América Latina, entre ellos Honduras. El mismo presenta una serie de prácticas a lo largo de estas naciones que lesionan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión mediante mecanismos intimidatorios e inhibitorios hacia los medios de comunicación, los periodistas e incluso propietarios de medios.
Ambos documentos revelan que la censura sutil es ejercida por los gobiernos, nacionales y locales, mediante mecanismos menos visibles y más difíciles de documentar, relacionados con la actitud de los Estados de silenciar las voces críticas e independientes que cuestionan su funcionamiento.
Hay en todos los países objeto del estudio, un patrón de abuso constante y de presión vía retiro de la publicidad oficial como represalia por una cobertura crítica, resalta el informe El precio del silencio.En tanto, en Honduras, se destaca la existencia de prácticas como el hecho de hacer firmar a los periodistas que poseen programas propios, una especie de cláusula en la cual se comprometen no sólo a promocionar la imagen del funcionario, sino también a no incluir contenidos críticos que lesionen la función de la administración pública.
El otorgamiento de la publicidad oficial, en el caso hondureño, se efectúa bajo criterios muy discrecionales y se concentra en el caso del Poder Ejecutivo, en la figura del Secretario Privado de la Presidencia, en tanto en el Congreso recae sobre la Presidencia de ese órgano colegiado, y a nivel de los gobiernos locales, en la figura de los Alcaldes.
Basado en documentación de soporte y testimonios, el informe nacional sobre Censura Sutil, aborda los cercos informativos con los cuales se enfrenta la libertad de expresión, que pasa por la centralización en el manejo de los fondos para la publicidad oficial, la utilización de las partidas publicitarias para financiar campañas electorales, el manejo discrecional que se hace de las partidas públicas en el ramo publicitario, así como otras interferencias al derecho a la información vinculadas al control de las ruedas de prensa y los viajes presidenciales, favoritismo a medios afines al Gobierno, imposición de cadenas de radio y televisión al margen de la ley, entre otros.
Como caso local, documenta la experiencia del municipio de El Progreso, donde los criterios discrecionales para otorgar publicidad van desde el compromiso partidario, el apoyo a la campaña política hasta los favores que a nivel de “imagen” les puede hacer la prensa.
Estas acciones, señala el informe nacional, abren las puertas a la arbitrariedad, de donde no escapa incluso el pago a sectores específicos de prensa. La precariedad laboral en que se desempeñan la mayoría de los comunicadores hondureños, es un factor que incide al momento de condicionar los contenidos de sus informaciones a cambio de pauta publicitaria oficial, señala también el informe.
La presentación de los dos informes se hizo ante la presencia del Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue Lewy y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, quienes, a su vez, conocieron de las recomendaciones mencionadas en los documentos a fin de poner un alto a lo que se considera la censura del futuro: la publicidad oficial y la falta de transparencia en el acceso a la información pública.
Informe señala a la publicidad oficial como nueva forma de censura hacia la prensa
