Por:
H. Roberto Herrera Cáceres
Capítulo II: Temas de Derechos Humanos
Sección II: Corrupción
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La corrupción es una grave contravención a la moralidad y al orden legal de nuestra vida en sociedad y constituye así un serio atentado, contra los derechos humanos iguales e inalienables de los individuos, que debilita los cimientos de la república y de la democracia.
Como ciudadanos de una república democrática, estamos obligados a encontrar medios eficaces contra ese vicio degenerador que tiene ramificaciones en la política, en la administración, y en todos los Poderes del Estado así también como en el sector privado, y que se manifiestan en forma múltiple como por ejemplo: pedir o recibir dinero para la realización de acciones a que ya se esta obligado por la ley o para encubrir actos irregulares o ilegales; administrar mal los fondos públicos; emplear los bienes del Estado para fines personales o de sectores determinados; utilizar los centros de enseñanza como empresas mercantiles para hacer proselitismo o favorecer a personas o grupos en perjuicios de los requerimientos de la formación cultural del hondureño; abusar de los cargos públicos o valerse de sus relaciones políticas o económicas para dar o que se de preferencia a sus parientes para los empleos públicos; vender influencias en el sentido de que aquellos que desempeñen cargos públicos se aprovechen para recomendar sus propias oficinas privadas para otros fines particulares que nada tienen que ver con la gestión pública pero si con la forma de enriquecerse; incumplir las responsabilidades profesionales violando las normas que deben observar en su propia profesión; condicionar el suministro de servicios públicos o asistencia del Gobierno, a que tienen derecho las comunidades locales, reclamando, a cambio, el apoyo para determinados cargos públicos o aspiraciones políticas; en resumen, todo lo que se pueda calificar como abuso, soborno, cohecho, prevaricación e incumplimiento de normas legales y éticas. Todo eso es corrupción y quiénes actúan, sobre esa base son ciudadanos corruptos.
Esta corrupción existe, en mayor o menor grado, en todos los países del mundo. Pero esto no justifica su tolerancia en Honduras cuyo subdesarrollo y dependencia externa se agravan.
Los poderes públicos deberán reforzar sus controles y dar todo el apoyo para la efectividad de la organización y funcionamiento de la Procuraduría general de la República (PGR), la Contraloría General de Probidad Administrativa y el Ministerio Público, es decir de los fiscales o representantes nombrados en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelaciones y en los Juzgados de Letras. Los Colegios Profesionales deben actuar severamente por intermedio de sus respectivos tribunales de honor.
La ciudadanía debe cooperar aportando pruebas que faciliten, a quienes están al frente de esas instituciones, velar por la salud de la República y el cumplimiento de las leyes. Si hubiera cuestionamientos en relación con los integrantes de esas entidades, debemos recurrir a nuestros diputados empezando por aquellos que son de nuestros respectivos lugares y continuando con el resto de nuestros representantes en el Congreso Nacional.
En fin de cuentas, el ciudadano hondureño debería buscar la forma de asociarse aunque sea en pequeños grupos para, por medio de ellos, relacionarse con otros, difundir el nuevo mensaje de recuperación de la moral ciudadana y del respeto a los derechos y deberes cívicos, reunir pruebas documentadas contra los corruptos, y hacer efectivamente de Honduras la República de las mayorías honradas. En este proceso de revigorización del civismo nacional, el principal esfuerzo debe hacerse en el seno de cada familia. Debe rechazarse, condenarse y castigarse la apología de la corrupción.
En conclusión, debemos de emprender una acción a nivel nacional en contra de la corrupción; debemos eliminar expresiones y actitudes que contribuyan a que los corruptos se sientan en seguridad e impunidad; debemos rechazar con energía el pensamiento antisocial de que en nuestro sistema democrático y republicano es santuario apropiado para los pervertidos o para los que abusan o corrompen desde sus posiciones en claro menosprecio de la dignidad del hondureño.
Es necesario tomar conciencia que la corrupción es nuestro peor enemigo interno y que la lucha debe orientarse a eliminarlo o, para comenzar, para comenzar a paralizar su peligroso crecimiento. Si logramos hacerlo, observaremos que nos será más fácil atacar el subdesarrollo y avanzar, con paso firme, en favor de relaciones más armoniosas entre gobernantes y gobernados y entre los diferentes sectores de nuestra población.
Por el mismo hecho de esa renovación interna en el país, nuestra imagen internacional mejorará considerablemente, porque ésta sigue a nuestro comportamiento nacional como la sombra sigue al cuerpo.
Así, en el manejo de las relaciones internacionales, nuestra dignidad nacional podrá contribuir a equilibrar nuestra desigualdad económica.
El denominador común de nuestra nacionalidad sólo puede materializarse mediante la defensa de nuestra patria y la contribución de todos al rejuvenecimiento moral de honduras. A ese fin es necesario superar las barreras imaginarias que crean supuestas diferencias en razón de la profesión, oficio o actividad que realizamos, y realzar en ellas lo permanente, lo duradero, lo enaltecedor que es nuestra condición de nacionales hondureños.
Esta conciencia cívica indispensable es lo que identifica y vincula perdurablemente al hondureño con las necesidades de la población y con un porvenir mejor que el presente angustiante en que nos debatimos.