En aras de combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifiesta su preocupación y pone en aviso a la ciudadanía en general sobre los recientes hechos que se han venido reportando de parte de algunos entes persecutores del delito y organismos impartidores de justicia, que -contrario a sus deberes y responsabilidades- operan en contra de la ley. En ese sentido, expresamos:
a) Que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, en las últimas fechas se ha dedicado a sobreseer y absolver causas judicializadas en contra de diversos actores que participaron en el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); tal es el caso de lo ocurrido en las últimas horas, en donde se exime de responsabilidad a uno de los involucrados en el caso denominado «Calderas», que fue denunciado por el CNA al evidenciar sobrevaloraciones en la adquisición de los equipos.
b) Advertimos a las y los hondureños que la tan cuestionada Sala de lo Constitucional, aprovechando los eventos políticos que se presentan en el país, pretende resolver favorable un amparo promovido por la defensa de uno de los involucrados en el caso de los hospitales móviles, con el fin de evitar que se evidencie cómo operó la corrupción para esfumar del erario público casi L 1,200 millones.
c) No bastando lo anterior, los Magistrados de la CSJ, ante el temor de un eventual juicio político promovido desde el Congreso Nacional, pretenden absolver todos los casos de corrupción que se están ventilando dentro de su jurisdicción, con el fin de evitar que en un futuro los mismos sean abiertos nuevamente y así mantenerlos en impunidad.
d) Desde esta instancia de sociedad civil, hacemos un enérgico llamado al Fiscal general de la República para que a la brevedad posible ejerza acciones penales en contra de exfuncionarios involucrados en la adquisición de los hospitales móviles, tal como lo expresó uno de los imputados durante el desarrollo del juicio y que, pese a la trascendencia de las declaraciones, no ha habido mayor interés por indagar y constatar tales aseveraciones.
e) Exigimos que desde el Ministerio Público se comiencen a realizar aseguramientos de bienes en contra de las personas incorporadas en listas internacionales, por vínculos en actos de corrupción y narcotráfico, sin obstruir las posibles solicitudes de extradiciones; asimismo, le exhortamos para que -en el caso de no sentirse capaz- dé un paso al costado y permita que otros asuman el cargo para hacer cumplir la Constitución y las leyes.
f) Finalmente, alertamos a la ciudadanía para que nos mantengamos vigilantes y que elevemos la voz ante estos hechos lamentables que contravienen el clamor popular de justicia y cero impunidad.
Tegucigalpa, F. M., miércoles 9 de febrero de 2022.
