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El CNA no forma parte del Gobierno. Es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
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El CNA identifica al menos 30 «pecados capitales de las ZEDE»

Atentan contra la soberanía y la autonomía. Las ZEDE tienen un impacto nefasto a nivel jurídico y económico

Tegucigalpa. «En Honduras ya inició el intercambio de inversiones por soberanía». Estas palabras fueron el preámbulo con el que Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), alertó sobre los «Pecados capitales de las ZEDE». 

A través de una conferencia de prensa, el CNA presentó ante la ciudadanía y medios de comunicación los resultados de una investigación que recoge un análisis jurídico y económico que concluyó en más de 30 inconstitucionalidades de la Ley de las ZEDE.

Entre los pecados enumerados por el CNA destacan:

-Las ZEDE podrán tener sus propias leyes y definir sus reglas sociales.

-La autonomía otorgada a las ZEDE, les permitirá constituirse como ciudades privadas, imponiendo fronteras dentro de Honduras.

-Las ZEDE podrán servir como refugios para corruptos, criminales y narcotraficantes.

-Las ZEDE impartirán justicia a su antojo.

-Las ZEDE cobrarán impuestos a su antojo.

-Las ZEDE no garantizan mecanismos de transparencia.

-Para las ZEDE, nuestra Constitución es opcional.

-En las ZEDE se desnacionaliza la impartición de justicia.

-Los jueces y magistrados de más ZEDE serán propuestos “de dedo”.

-Los jueces y magistrados de las ZEDE podrán gozar de impunidad.

-Las ZEDE podrán controlar el valor de la tierra hondureña.

-Para expandir las ZEDE podrán quitarles la tierra a los hondureños.

Llamado a la acción

Durante la conferencia, el CNA hizo una invitación para que la ciudadanía manifestara su repudio a la ley de las ZEDE, firmando y registrando sus huellas como parte de una iniciativa ciudadana que busca derogar la inconstitucional ley. 

El 29 de junio, se presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) por considerar el delito de traición a la patria a las y los diputados, incluyendo el presidente de ese poder (2010-2014) y al expresidente de la República (2010-2014) que promovieron y aprobaron la ley. Tres semanas después (16 de julio), se superaron las 15,000 firmas con una representatividad nacional. 

El 19 de julio se entregaron al Congreso Nacional, en donde los representantes del pueblo decidirán el futuro y la soberanía del país. En las próximas horas, se anunciará la fecha en la que se presentará el recurso de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).