Una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), da a conocer supuestas irregularidades en que habrían incurrido autoridades del Programa de Asignación Familiar (PRAF), período 2010-2014, al sobrevalorar contratos para impartir capacitaciones técnico vocacionales dirigido a mujeres y jóvenes del país, por un monto superior a los 12.5 millones de lempiras.
Dentro de las anormalidades identificadas destaca la contratación de dos asociaciones civiles que pertenecen a una persona natural que figura como miembro de la institución denunciada y hasta compartían el mismo domicilio, adjudicándoles a una de ellas 11 contratos por 1.9 millones de lempiras, el 25 de mayo de 2011.
El informe revela que la misma situación se repitió el 21 de octubre 2011, al adjudicar el PRAF 29 contratos a la asociación denunciada, por un valor de 5.2 millones de lempiras, participando dos empresas más creadas por los denunciados, a fin de ofertar en conjunto y con ello asegurar el 100 por ciento de los contratos, bajo esa misma modalidad la entidad estatal adjudicó 177 contratos.
De acuerdo al CNA la adjudicación de los servicios debió haberse efectuado mediante licitación pública y no por contratación directa como lo hicieron los funcionarios denunciados, quienes de forma arbitraria y mal intencionada fraccionaron los contratos para favorecer a un grupo de personas que de forma concertada y en colusión, presentaron propuestas económicas fraccionadas y sobrevaloradas, a fin de sustraer fraudulentamente fondos públicos asignados al PRAF.
Igualmente, las propuestas económicas presentaban gastos que no se ejecutaron ni fueron entregados a sus destinatarios finales, como ser pago de viáticos a instructores, supervisión, uso de manuales y materiales de capacitación.
Asimismo, se comprobó que grupos de personas fueron convocados por el PRAF, para ser beneficiados con las capacitaciones, solicitando que se anotaran en una lista y proporcionaran copia de sus documentos personales, los cuales fueron usados por las asociaciones denunciadas, a fin de contar con expedientes y luego cobrar los contratos de forma fraudulenta, sin impartir los mismos.
La denuncia fue interpuesta por el CNA ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP), en contra de servidores y exservidores públicos, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
