En este estudio se aportaron elementos que evidenciaron la necesidad de evitar la entrada en vigencia de un Código Penal de esta naturaleza y proponer al Congreso Nacional la apertura de un amplio espacio de debate con todos los sectores sociales para la construcción de una nueva normativa penal que constituya un verdadero instrumento para el combate a la corrupción y la impunidad, en el marco del estricto respeto a los derechos y libertades garantizadas en la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.