Un perjuicio superior a los 17 millones de lempiras es el monto por sobrevaloración que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha puesto al descubierto por acciones irregulares en procesos de contratos por servicios de capacitación, en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), período 2012-2014.
El informe revela que una sociedad mercantil fue favorecida mediante la adjudicación fraccionada de contratos para brindar servicios de capacitación en áreas técnicas vocacionales, dirigido a mujeres y jóvenes del país, por el cual se pagó más de 43.6 millones de lempiras por sus servicios comerciales.
La investigación da a conocer que el 27 de mayo de 2013, la empresa denunciada firmó con el PRAF, un total de 36 contratos por un monto arriba a los seis millones de lempiras, posteriormente el 20 de junio del mismo año, la entidad estatal otorgó a la misma sociedad mercantil 50 contratos por 8.9 millones de lempiras, logrando de esta forma adjudicar hasta 243 contratos consecuentemente, según los montos pagados.
A criterio de analistas jurídicos del CNA, la contratación de los servicios de capacitación requeridos por el PRAF, debió haberse realizado bajo la modalidad de licitación pública en un solo proceso, y no de forma fragmentada con la participación de tres empresas tal como lo hicieron los funcionarios de este ente estatal, que conformaron el comité de selección y adjudicación de ofertas.
Otro hallazgo muestra la existencia de ofertas colusorias de dos empresas que ofertaron en veinticinco (25) procesos junto a la denunciada, acciones que van en contra del límite de ofertas como lo establece la Ley de Contratación del Estado, y que en su momento debieron ser rechazadas por parte del comité de adjudicación.
Mediante un estudio económico-financiero realizado por el CNA, se identifica un perjuicio del 40 por ciento de sobrevaloración en contratos fraccionados en concepto de capacitación pagados por el PRAF, generando un impacto económico en contra del erario público, por más de 17.4 millones de lempiras.
La denuncia fue interpuesta por autoridades del CNA ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP), en contra de actuales servidores y exservidores públicos del PRAF, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
