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El CNA no forma parte del Gobierno. Es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Colonia San Carlos, calle República de México
Tegucigalpa, Honduras
Tels: +504 2221-1181 / 2221-130

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Carta pública – lanzamiento de la Red por la Defensa de la Democracia

Durante años, las gavetas de la justicia se han mantenido cerradas y bajo llave. Los órganos persecutores del delito han usado su poder para tapar la corrupción, convirtiéndose en los dioses de la impunidad.

¡Es hora de pisarle los talones a las y los corruptos y dejar el blindaje para los vehículos!

Como ciudadanía, unimos esfuerzos de cara a la elección del próximo fiscal general, porque para desempañar al Ministerio Público debe sentarse una persona proba en la poderosa silla del fiscal, solo así dejará de ser un órgano permisivo, ciego y mudo, pues el que calla, otorga.

Para el fortalecimiento de la justicia y la democracia en Honduras, es crucial activar las alertas previo al proceso de elección que se avecina.

Queremos fiscales independientes, honestos, competentes y comprometidos con la lucha contra la corrupción. No aceptaremos la imposición de personas que respondan a los poderes fácticos o que busquen proteger a los corruptos.

Desde la sociedad civil, la academia, empresa privada, iglesias, liderazgos individuales, grupos de jóvenes y mujeres organizadas, le hemos dado vida a una plataforma vigilante para que no se repita el escenario del reciente proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se agitó la bandera política y no la de la ley. Tampoco se deben consumar las arbitrariedades e irregularidades acaecidas en el proceso anterior de elección de fiscales, manchado como el peor de la historia y que nos avergüenza cada día.

Pero más que vergüenza, es la sensación de impotencia ante un servilismo que condenó al país y dejó libre a los corruptos.

¡Somos la Red por la defensa de la democracia!, que se conforma con la misión de vigilar la elección de las próximas autoridades y la recuperación del Ministerio Público.

Señora Rebeca Ráquel, presidenta de la CSJ, manifestamos nuestra preocupación colectiva, visto que, en las postrimerías del mes de abril, aún no haya cumplido con su deber legal, según lo que establece el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público,

de hacer la convocatoria para la conformación de una junta proponente, quienes deberán elegir una nómina de cinco candidatos idóneos para remitir al Congreso Nacional, por lo menos 30 días antes de que el actual fiscal general cese en su cargo.

¡Ya estamos retrasados! Debe dar el banderillazo para que inicie la carrera a la recuperación del Ministerio Público; el relevo no puede quedar en manos improvisadas y, mucho menos, en las manos expertas de los comerciantes que hacen sus apuestas en las bancadas del Congreso Nacional.

No aceptaremos que se impongan acuerdos políticos o intereses particulares por encima del bien común y el Estado de derecho.

Partiendo de lo anterior, urge llevar a cabo una elección limpia, meritocrática y libre del tráfico de influencias, en donde demandamos la incorporación de mecanismos de transparencia y veeduría ciudadana sin condiciones.

La ciudadanía tiene el derecho y el deber de fiscalizar este proceso para que desde el inicio se actúe con objetividad, independencia y rigor. Solo así podremos certificar que el Ministerio Público sea garante de la ley en la persecución del delito, y no una institución plagada de crisis, técnica y administrativa, abandonada a la deriva de los torbellinos políticos de esta nación.

Es oportuno no olvidar el pobre papel del actual fiscal general, pues su pírrica gestión no debe quedar en la impunidad, ni esconderse en medio de oscuros acuerdos políticos, porque el pueblo no tiene memoria corta.

Nuevamente, la responsabilidad final recae en el Congreso Nacional, que, por mandato constitucional, debe elegir al fiscal general y adjunto con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, es decir, con 86 votos.

Es nuestro deber establecer este mecanismo veedor. ¡Urge una operación metamorfosis en el Ministerio Público!, porque más allá de cambiar, se debe transformar el órgano que tiene el monopolio de la acción penal. Desde hoy, las y los ciudadanos nos convertimos en fiscales de este proceso, para que nunca más las cabezas del Ministerio Público se conviertan en fiscales falderos del poder.

 ¡Que se abran las gavetas de la impunidad!

Tegucigalpa, M.D.C., miércoles 26 de abril de 2023