El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detectó más irregularidades en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp). Estas se suman a las plasmadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su informe sobre la situación financiera de la institución. Hay varias líneas de investigación que están siendo confirmadas por el organismo de transparencia.
“Van orientadas a regalos que les hicieron a miembros de la junta directiva, contrataciones y pagos millonarios a abogados externos, a pesar que el Injupemp cuenta con una Unidad Jurídica”, informó Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, del CNA.A pesar de contar con abogados de planta, señaló al exdirector del Injupemp, Andrés Torres, de abusar en contratar abogados. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su informe expuso que no debe contratarse abogados externos.Además, dijo que Torres manejaba una planilla por concepto de Ayuda Humanitaria, de la cual se hacían erogaciones a personas ajenas al Injupemp.Aseguró que Torres extendía cheques a personas que llegaban a pedir ayuda. “La máxima que hemos encontrado es de 70,000 lempiras, hay varios cheques y valores”, afirmó.
Asimismo, informó que en la investigación se encontró una planilla por concepto de publicidad y propaganda que asciende a 12 millones de lempiras, que se gastó discrecionalmente por Torres.“Se pagaban a personas que no sabemos qué actividad realizaban dentro del Injupemp, como la gerencia de finanzas y el tesorero, que fueron los que facilitaron la compra de bonos a la Universidad (Nacional Autónoma de Honduras) que dañaron las finanzas del Injupemp”, dijo.En relación a la compra de bonos dijo que, “hay situaciones que involucran directamente al señor Andrés Torres en esta operación”.“Los señores Carlos Zúniga y Mario Córdova, quien los lleva a trabajar al Injupemp es el señor Andrés Torres”, agregó.No se contó con la autorización del Comité de Inversiones, quien había rechazado la transacción.Que estos siguieron instrucciones de Torres, así lo expuso Zúniga en una audiencia, de la que existe una grabación en poder del CNA.
En la misma Zúniga admite que con la compra se afectaron todas las cuentas del Injupemp.Por comisión se pagó, en la primera compra de bonos, la suma de 1.8 millones de lempiras que presuntamente fue entregado a Manuel de Jesús Barahona, yerno de Torres.Otro pago, de 3.8 millones, supuestamente se hizo a una empresa Díaz-Gar, que funcionó como intermediaria.Otra línea de investigación refiere a una alta contratación de amigos y familiares de Andrés Torres. “Hemos detectado a aproximadamente 26 personas en puestos claves del Injupemp”, señaló Aspra.El CNA investiga la labor que realizaba el personal de confianza del exdirector.Se cuantifica un perjuicio económico en contra del Injupemp por el orden de 5.5 millones de lempiras.
Dijo contar con senda información, voluminosos expedientes de la investigación realizada por este organismo.Valoró que el propio presidente Juan Orlando Hernández anunció una intervención en el Injupemp. La misma iniciará una vez que los interventores concluyan su labor en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.Inocente En su defensa, el exdirector del Injupemp, Andrés Torres, rechazó los señalamientos que le hace el CNA a su gestión.Aseguró que no incurrió en irregularidades.Asimismo, señaló a Aspra de habérsele vinculado en el pasado en un supuesto cohecho al conocer como juez un caso del Instituto de Previsión Militar. Al respecto, Aspra dijo contar con suficiente documentación que descarta haber incurrido en tal ilícito.Recordó que en octubre del 2002 presidió la Corte de Apelaciones. En ese entonces denunció al también magistrado Mario Alberto Guzmán por presuntamente recibir la suma de 90,000 lempiras de parte de interesados.
A 10 días de su denuncia, Aspra fue llamado a una audiencia de descargo para que respondiera del por qué de su denuncia y por qué filtró a medios de comunicación los alcances de la denuncia, que al final incidió en su separación.Tras ser destituido junto a los otros dos magistrados, el expediente se turnó al Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para ser investigados. Ambos desestimaron la denuncia por falta de méritos.
