Se presenta ante la ciudadanía un estudio a profundidad que desnuda los atropellos e injusticias, orquestado por un sistema de corrupción tripartito
Tegucigalpa.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) instaló oficialmente el primer Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en Honduras, como aporte a la ciudadanía para la reconstrucción del Estado de derecho y el combate directo a las estructuras criminales que se benefician a través de un sistema que solo reproduce corrupción e impunidad.
Como parte de los estudios que el Consejo desarrolla a través del OPCA y, en esta oportunidad, con un esfuerzo en conjunto al Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), se entregó a la población una investigación social que comprende entre los años 2014-2018, denominada “La estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras”, donde se aprecia que se pierden anualmente cerca de L 65,000 millones en manos de los corruptos.
Estas proporciones del peso de la corrupción, equivale al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB), magnitud creciente que representa un verdadero obstáculo para edificar un Estado de bienestar, capaz de producir beneficios y oportunidades sociales que aseguren un clima socioeconómico y político prolongado a corto tiempo.
Esa colosal extracción ilegal de recursos es congruente con la afectación negativa al tejido societal en materia política, económica, social y cultural que han provocado los corruptos, a tal grado que somos el segundo país con mayor percepción de la corrupción de Centroamérica y el cuarto a nivel continental; así como el segundo más desigual y el primero con mayor empobrecimiento de América.
El OPCA analizó, en tal sentido, que el nivel de involucramiento de algunas empresas, funcionarios, políticos y delincuentes del crimen organizado, ha sido determinante para establecer las simetrías de participación de los diferentes agentes que se han encargado de saquear las arcas del Estado.
La teoría implementada describe al flagelo como un fenómeno macroeconómico que afecta a todo el engranaje público y privado del país; esta propuesta sugirió dividir el accionar en que operan los corruptos en 15 modalidades, por nombrar algunas: la sobrevaloración, el soborno, el nepotismo, desvío de fondos, violación a la Ley de Contratación del Estado, apropiación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, venta de plazas, evasión fiscal, extorsión.
De acuerdo al estudio, estos mecanismos ilegales han sido incoados dentro de ocho diferentes sectores, tales como: el gobierno central, sector privado, el crimen organizado, gobiernos locales, el resto del sector público, organizaciones de sociedad civil, países cooperantes y organismos financieros internacionales; revelando que son los primeros tres donde mayor participación de la corrupción existe.
Tal premisa permitirá que, con el OPCA, Honduras posea la capacidad de generar aproximaciones concluyentes de cómo la corrupción ha penetrado las instituciones públicas y el desarrollo privado. Puesto que, con preocupación, es posible observar que en el último quinquenio este flagelo se ha encarnado de manera dramática en la nación, dando lugar a una triada del mal.
Por esa razón, esta instancia de sociedad civil denuncia con vehemencia la carencia de políticas públicas para prevenir y combatir verdaderamente la corrupción, y que los corruptos destruyeron el Estado de derecho; asimismo, se eleva una alerta por el detrimento de las garantías ciudadanas a partir del enfoque de la reivindicación de los derechos humanos.
Esta evidencia presentada, permite concluir que el fenómeno de la corrupción en los últimos años ha evolucionado hasta convertirse en un sistema agrupado tripartito, donde ya no solo participa el político común con sectores privados, si no que pasó a formar una asociación con las estructuras del crimen organizado.
Tegucigalpa, M.D.C, 6 de febrero de 2020
