CNA:
APORTA ELEMENTOS CONDUCENTES A PRODUCIR PRUEBAS DE CARGO,
POR COMPRAS AMAÑADAS EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP).
Tegucigalpa M.D.C., 31 de marzo de 2016
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó al Ministerio Público (MP), una denuncia por irregularidades cometidas entre los años 2012 y 2013, relacionada con la adjudicación de un contrato de suministros para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipos software y servicios para el abastecimiento de tres laboratorios y tres talleres, para el Centro Regional del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en el municipio de Catacamas del departamento de Olancho. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el CNA, el contrato suscrito por la entidad fue de aproximadamente SETENTA Y SEIS MILLONES DE LEMPIRAS (L. 76,000,000.00), por lo que el CNA consideró que de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS (L. 64,000,000,00) se evidenciaba irregularidades; y de esta última cifra se constató una sobrevaloración que excede a los VEINTIÚN MILLONES DE LEMPIRAS (L.21,000,000.00).
La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA, señaló que las compras amañadas estaban destinadas para el equipamiento de los laboratorios de electrónica, electrotécnica, refrigeración, aire acondicionado, mecatrónica automotriz y talleres móviles de capacitación de electricidad/electrónica, electrotécnica/domótica y mecatrónica del automóvil”, en el Centro Regional del INFOP, en el municipio de Catacamas del departamento de Olancho.
El informe presentado a las autoridades competentes establece que en el proceso desde un inicio estaba viciado, puesto que al final del proceso de licitación nacional e internacional, únicamente participó una empresa privada, ya que las empresas interesadas en participar en el proceso, manifestaron su retiro debido a que se evidenciaba un interés legítimo de beneficiar determinados actores; con lo anterior se contravino lo establecido en la Ley de Contratación, debido a que se tuvo que declarar como fracasada la licitación por la inexistencia del número mínimo de oferentes exigidos por la ley.
Se pudo constatar que desde el inicio del proceso, participó como elemento importante para la adjudicación del contrato, un actual alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia, que se desempeñaba como Servidor Público en INFOP, debido a que él dirigía una comisión que dictaminó como procedente la idoneidad y legalidad del proceso de licitación. Al mismo tiempo se constató, que un actual empleado del Congreso Nacional que en algún momento tuvo vínculos con la empresa, se desempeñó como jefe de la Unidad Legal de la institución anteriormente mencionada, presentando solicitudes ante instancias competentes para el proceso de importación del producto solicitado.
La denuncia fue interpuesta por la abogada Gabriela Castellanos y el doctor Odir Fernández, directora ejecutiva y jefe de la UIASC, del CNA respectivamente, los tipos penales a imputar comprende abuso de autoridad, fraude, malversación de los caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
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