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El CNA no forma parte del Gobierno. Es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Colonia San Carlos, calle República de México
Tegucigalpa, Honduras
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CNA: obligada rectificación

Por Juan Ramón Martínez

Escribo por una necesidad vital de expresarme. Busco participar en la marcha de la sociedad, como un ciudadano con responsabilidad. Por ello, la crítica busco que, se centre en la verdad. Pero cuando no lo logro, como en el caso de mis censuras al CNA, rectifico hidalgamente. Mi orgullo no llega al extremo de creer que, todo lo que hago, es perfecto. Todo lo contrario, como ser humano encuentro en la imperfección, en los fracasos y los reveses, un acicate para la búsqueda de la perfección. Y como esa búsqueda no es solitaria, tengo la suerte de contar con especiales lectores, que siguen diariamente mis artículos en LA TRIBUNA. E inmediatamente, me escriben para decirme que he hecho bien las cosas, los vacíos que he dejado –deliberadamente algunos– y para señalarme los errores. Otros compatriotas y lectores amigos, creen en algunas veces que sé más que lo que en realidad he aprendido en la vida. Y no toman conciencia de mis equivocaciones, especialmente las de procedimiento como en este caso, en que pasé por alto que el CNA no fue a los juzgados para presentar una demanda, porque carece de competencias para ello, sino que a la Fiscalía General.

Una lectora, con la que coincidimos en las formas de ver los problemas de Honduras y los métodos para enmendarlos, me ha dado explicaciones sobre el procedimiento seguido por el CNA. Y las razones por las que, su directora ejecutiva, no da nombres de los involucrados en sus investigaciones. Me cuenta que si lo hace, puede ser demandada, no solo paralizando la acción que busca generar entre la población, sino que desobliga al Ministerio Público a cumplir con sus deberes, en vista que la acción penal, le corresponde a esta entidad que, no siempre tiene tiempo, recursos y voluntad para darle atención a las peticiones del CNA. Que, dicho sea de paso, me merece el mayor de los respetos, tanto por su valentía personal, como por su compromiso con una lucha en la que pareciera imposible ganar. Mis críticas, no expresan en ninguna forma, disgusto personal y mucho menos, oposición a la lucha en contra de la corrupción. Uno de los lectores que, me vigilan y me controlan –cosa que estimo porque no me siento dueño de la verdad y mucho menos, perfecto como para no cometer errores– me dijo que, posiblemente sin darme cuenta, estaba favoreciendo la impunidad con el artículo que origina estas reflexiones. Y en el peor de los casos, escribió otro, apoyando la corrupción, cosa que inmediatamente negué. Y niego.
En conclusión, pasé por alto cosas elementales que quiero enmendar. La primera es que el CNA, no puede presentar demandas ante los tribunales.

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Carece de competencias para ello. Pero además, en el caso que nos ocupa, si accede a la petición del expresidente Lobo Sosa, la persona señalada inmediatamente, interpone un recurso en contra, como ya ocurrió en un caso, como me explicara en forma precisa, una abogada amiga. El problema, me sigue diciendo, es que el fiscal general, no toma en mucha consideración las investigaciones y conclusiones del CNA, porque la mayoría de las denuncias presentadas, no las ha judicializado como es su deber. Además, parece que algo tiene que ver, con varios de los casos investigados por la licenciada Castellanos y sus investigadores jurídicos, el Tribunal Superior de Cuentas, responsable de atender los reclamos del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

La segunda conclusión a la que he llegado –al fin y al cabo, siempre he procurado aprender de los errores– es que la Fiscalía General, no le da prioridad a las acciones del CNA. Tanto por la inveterada dificultad para la coordinación que se observa en estas sociedades subdesarrolladas como la nuestra, como porque en algunos casos, la prioridad no está centrada en atender las peticiones de un órgano de la sociedad civil, porque ello entrañaría, según una óptica equivocada, subordinar el poder público, a la voluntad de la ciudadanía.

Dicho lo anterior, aprovecho para felicitar a la licenciada Castellanos por su labor. E invito al fiscal Chinchilla, para que la acompañe, en una tarea que cuenta con la simpatía de los hondureños. Por lo menos, de la mayoría consciente.