Tegucigalpa, D.C., 31 de enero de 2024. El apego al poder y la manipulación de las normas se ha vuelto una constante de los funcionarios y servidores públicos, dispuestos a seguir controlando las instituciones de manera indefinida, tal como lo han hecho las autoridades del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela en el informe Inseguridad jurídica en la gestión de la educación de la UPNFM, que las autoridades electas mediante el acuerdo CSU 005-2020, correspondiente al rector, vicerrectores, directora especial del centro universitario regional de San Pedro Sula y secretario general, se mantienen en el cargo, pese a que el Estatuto vigente de la UPNFM y su reglamento, establecen un periodo de tres años, que finalizó el 30 de junio de 2023.
Reformas y manipulación
El señor Hermes Alduvín Díaz Luna, como presidente del CSU de la UPNFM, promovió una serie de reformas a los estatutos, entre ellas ampliar de tres a cuatro años el periodo en el cargo de rector. La propuesta se elevó al Consejo de Educación Superior (CES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que no la concedió, pero conformó una comisión de acompañamiento para la elaboración de las reformas.
Además, el CES instruyó que realizaran los procesos pertinentes conforme al Estatuto vigente, a fin de que la UPNFM pudiera contar con las autoridades correspondientes, según consta en el acuerdo 4970-380-2023.
Desconociendo e interpretando a conveniencia el acuerdo, el Consejo Superior de la UPNFM continúo sesionando y publicó en el diario oficial La Gaceta el Acuerdo CSU 024-2023, como sustento para que las actuales autoridades siguieran en funciones, cuando la disposición, según la normativa vigente, era elegir nuevos representantes antes del 30 de junio del 2023.
En ese sentido, el CNA estableció que, el rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, vicerrector de investigación y postgrado, vicerrectora del centro universitario de educación a distancia, secretario general y directora especial del centro universitario regional de SPS, extendieron el tiempo en sus cargos, violentando las disposiciones legales señaladas en el Estatuto de la UPNFM y su reglamento.
El CNA presentó ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) una denuncia por la presunta comisión del delito de anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas, como lo establece el artículo 500 del Código Penal vigente. Asimismo, se denuncia a los miembros del CSU de la UPNFM, por suponerlos responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Lo anterior, en virtud de haber omitido el deber de convocar y elegir a las nuevas autoridades de la UPNFM, generando inseguridad jurídica por el incumplimiento de la normativa vigente de dicha institución de educación superior.
