Tegucigalpa.
Ante la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia de alto impacto que afectó las finanzas públicas, siendo responsables por los supuestos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, actuales servidores y ex servidores públicos de la atracada Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo a los hechos identificados, se refiere a un contrato suscrito el 28 de julio de 2017 entre el gerente general de la empresa estatal (2016-2019) y un consorcio de nacionalidad colombiana, para la adquisición de 56,000 lámparas LED como parte del programa denominado “Honduras Brilla”, que serían distribuidas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba.
Resulta que fecha 26 de mayo de 2017 se publicó en tres (3) diarios de circulación nacional y en el Diario Oficial La Gaceta el aviso de Licitación Pública Internacional No. 100-004/2017 denominado “Suministro de materiales eléctricos, alumbrado público” indicando la fecha, hora y lugar en que los oferentes podrían adquirir el pliego de condiciones y también, donde se debían presentar las ofertas.
El 24 de julio de 2017 por medio del Memorando No. GG-900-2017, el gerente general de la ENEE seleccionó la comisión evaluadora de ofertas de la licitación, nombrando como sus miembros al gerente de distribución, al jefe de alumbrado público centro sur, al jefe administrativo de distribución, a una procuradora legal, a la asistente de procesos de dirección de licitaciones y además, se designó como coordinador de esta comisión al gerente de distribución; siendo el nombramiento los actos preparatorios y administrativos para el desarrollo de la licitación pública internacional.
Después de haberse desarrollados los procesos de selección, la comisión determinó presentar ante la gerencia general un listado de cinco empresas, para que éste seleccionara la más idónea; sin embargo, se identificó que ante dicha facultad potestativa, el gerente seleccionó al consorcio colombiano, quien presentó la oferta más baja de las luminarias LED, pero siendo éstas de muy mala calidad, ya que una vez adquiridas e instaladas en la mayoría de los casos no duraron ni 30 días, puesto que se les filtraba el agua, dejando de funcionar casi de inmediato a su exposición.
El CNA pudo constatar que la empresa seleccionada en ningún momento entregó la garantía de calidad en la Ley de Contratación del Estado (LCE), así mismo, constató que la misma en ningún momento fue requerida ni por quien suscribió el contrato al momento de su firma, ni mucho menos por la comisión evaluadora o el administrador del contrato, observándose de esta forma un concierto previo entre las partes involucradas para que al momento del no funcionamiento de la luminarias, el Estado de Honduras no pudiese solicitar el cambio de las lámparas y la ejecución de la correspondiente garantía, para evitar el perjuicio hoy ocasionado.
Otro de los hechos relevantes, es que los fondos destinados para la compra de lotes que conformaban la licitación pública internacional, de manera misteriosa fueron trasladados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a la administración de los fondos de la tasa de seguridad poblacional, en razón de un dictamen que emitió la gerencia legal de la ENEE, determinó de manera unilateral e injustificada que a partir de la suscripción del contrato, los montos comprometidos serían desembolsados por la tasa; al mismo tiempo, CNA comprobó que el traslado de estos fondos se hizo con el objeto de que la empresa colombiana evitara pagar los impuestos de nacionalización de las luminarias, dejando de percibir el Estado los impuestos de introducción correspondientes. Se pudo comprobar que el perjuicio ocasionado a las finanzas públicas ascendió a noventa y siete millones de lempiras (L 97,000,000.00), asimismo, es un hecho irrefutable que las luminarias no fueron distribuidas en su totalidad en las zonas geográficas predeterminada, sino que a diputados del Congreso Nacional con el objeto de que éstos realizaran propaganda política de manera previa a las elecciones generales del año 2017.
