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El CNA no forma parte del Gobierno. Es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Colonia San Carlos, calle República de México
Tegucigalpa, Honduras
Tels: +504 2221-1181 / 2221-130

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El reino de la impunidad y la corrupción se enriquece con «inclusión y desarrollo»

Los niveles de corrupción en el país han sobrepasado los límites. En conjunto con el CNA, los aportes de la Maccih-Ufecic fueron fundamentales para el trabajo que hoy se continúa denunciando a pesar del intento de debilitar nuestra lucha

Tegucigalpa D.C., 25 de febrero de 2020. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en seguimiento a una de las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), presentó ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una denuncia de alto impacto sobre un funcionario acusado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Este empleado público que actualmente labora en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) está a cargo de la gestión de toda la información inherente a los programas sociales, planillas de pago y/o entrega de beneficios a los sectores vulnerables. Cabe destacar que él ya había sido acusado por la Maccih-Ufecic en 2019 por 43 delitos de fraudes contra la administración pública.

Durante su gestión (período 2007 – 2014) fungió como coordinador del proyecto Programa de Asignación Familiar (PRAF) en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) que estaba dirigido al Bono Diez Mil; revelación hecha a la luz pública por la Unidad Fiscal por medio de la Misión de Apoyo antes de ser expulsada por los corruptos a raíz de su lucha frontal contra la corrupción.

La investigación del CNA profundizó respecto a los bienes que adquirió el denunciado, mismos que no logran justificarse con los ingresos legalmente percibidos entre él y su esposa, quien también se ha desempeñado como empleada de la Sedis.

Es decir, que se realizó un proceso de estado de origen y aplicación de activos familiares en el que se identificaron los ingresos legalmente percibidos por medio de su núcleo familiar, mismos que no consiguieron sufragar lo que poseen como patrimonio. Es posible entonces, identificar esta acción como un supuesto delito con la figura de enriquecimiento ilícito durante el período del año 2014 al 2019.

Cabe destacar que esta es la primera línea de investigación que se presenta ante los operadores de justicia de una serie que están en la finalización del proceso de investigación, por lo que exhortamos a las autoridades a emitir los requerimientos fiscales y así contribuir al combate contra la corrupción en el país.