Cada línea de investigación que presenta el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante los entes persecutores del delito, tienen la particularidad que van debidamente sustentados, de tal manera que sea un insumo importante que permita a los operadores de justicia ejercer la acción penal correspondiente.
Los esfuerzos emprendidos por el CNA en el combate contra la corrupción le han permitido identificar una estructura de redes criminales en distintas dependencias gubernamentales como la Secretaria de Salud, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ha derivado en un grave perjuicio en contra de las finanzas públicas.
Como instancia de sociedad civil el CNA ha presentado a los entes persecutores del delito sendos expedientes investigativos donde se han visto comprometidas sumas millonarias, producto de irregularidades cometidas por funcionarios del sector público.
Recientemente la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva del CNA, denunciaba que el trabajo emprendido por el Consejo en los últimos tres años “se ha visto obstaculizado por las fuertes influencias que ciertos sectores han pretendido ejercer en las investigaciones, con amenazas de volcar el aparato de justicia en contra de los que combatimos este flagelo que casi siempre va de la mano la impunidad”.
La profesional del derecho fue más allá solicitó al Poder Judicial “que resuelva el amparo con suspensión del acto reclamado, que fue admitido desde hace varios meses, referente al caso del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en donde se ven involucrados altos funcionarios que actualmente desempeñan una labor publica en el país”.
De igual manera invito al Ministerio Público (MP) para que desempolve los expedientes de denuncia contra 16 alcaldes municipales, el mega fraude contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en donde se involucran grupos de criminalidad organizada que están siendo procesados por el gobierno de los Estados Unidos, debido a la falta de voluntad de los operadores de justicia en ejercer acciones concretas.
Al mismo tiempo solicitó que se resuelva la denuncia que el CNA presentó en contra de una ex primera dama, por la sobrevaloración de los costos de un programa social para la niñez hondureña.
Por otra parte, revelo que en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), hay otros actores que deben enfrentar procesos penales y que se encuentran en el anonimato actualmente.
Las declaraciones vertidas por la abogada Castellanos son puntuales y contundentes, sin rodeos hace un llamado a los operadores de justicia para que cumplan con el papel asignado de aplicar la ley a todo servidor público, que valiéndose del poder han robado a manos llenas dineros que le pertenecen al Estado.
Ya son 60 líneas de investigación de supuestos actos de corrupción que el CNA, ha presentado ante las instancias respectivas, de estos apenas 10 han sido judicializados, esto evidencia que se deben redoblar los esfuerzos en aras de cumplir con la ley, castigando con cárcel a todo servidor público que amparado en el poder ha robado impunemente.
En medio de una sociedad donde la falta de transparencia ha sido la regla general, el Consejo ha puesto el dedo en la llaga al sacar a la luz pública emblemáticos casos de corrupción que merecen respuestas categóricas. La población hondureña está ávida para que las entidades responsables de administrar la justicia lo hagan de forma puntual, no se concibe seguir tolerando tanta corrupción e impunidad, los resultados derivados de este binomio han sido desastrosos para el país.
Solo el CNA ha identificado un perjuicio en contra del Estado de casi tres mil millones de lempiras, una cifra escandalosa para un país donde más del 60 por ciento de su población vive en condiciones de extrema pobreza, seguir torturando a millones de compatriotas que merecen una vida más digna, es una irresponsabilidad por parte de servidores públicos y tomadores de decisión que no están cumpliendo con la tarea asignada.
El llamado de reflexión expuesto por la directora ejecutiva del CNA, a las autoridades responsables de aplicar la justicia, debe invitar a un cambio de actitud que permita ir sentando precedentes que los actos de corrupción se castigan con cárcel, el Consejo ha documentado valiosas líneas de investigación que están en poder del MP y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo que falta es mayor diligencia y sobre todo buena voluntad donde prevalezca el imperio de la ley ante toda fuerza oscura de los grupos facticos de poder que tanto daño le siguen ocasionando al país.
