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El CNA no forma parte del Gobierno. Es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Colonia San Carlos, calle República de México
Tegucigalpa, Honduras
Tels: +504 2221-1181 / 2221-130

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Gabriela Castellanos: convenio de la Maccih debe ser renovado

Sería un retroceso en la lucha contra la corrupción si este ente se va del país, advierte la directora del CNA

Tegucigalpa. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se unió a las voces que reclaman que el Gobierno renueve el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

“Gracias al aporte de la Maccih, se pudieron judicializar casos de personajes que eran intocables, la lucha contra la corrupción se debilitaría si este organismo se va”, expresó Castellanos.

La Maccih es una entidad creada el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo de cuatro años de duración firmado entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Como parte de su labor, esta entidad contribuyó, mediante asesoramiento, en la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, y un circuito judicial en el que se ventilan juicios relacionados a corrupción.

La UFECIC, con el acompañamiento de la MACCIH, ha judicializado 13 casos de alto impacto.

“El CNA ha colaborado con la Misión en varias líneas de investigación y este proceso debe continuar porque, de lo contrario, estaríamos frente un retroceso en el sistema de aplicación de justicia”, acotó Castellanos.

La Embajada de Estados Unidos y representantes de la sociedad civil han solicitado la continuidad de la Maccih.

El 13 de noviembre, el Gobierno y la OEA anunciaron la creación de una mesa de evaluación de la Maccih, para determinar si se extiende la vigencia de ese organismo. Esta instancia estableció un plazo de 25 días para resolver el futuro de ese organismo.