José Víctor Agüero Aguilar
Desde su reestructuración en 2014 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil, independiente, ha presentado a los entes persecutores del delito 59 líneas de investigación, generando un perjuicio en contra del Estado de aproximadamente tres mil millones de lempiras.
En este despilfarro económico han participado servidores y ex servidores públicos de distintas dependencias estatales, que valiéndose del poder han robado dinero que no les pertenece; profundizando con ello la extrema pobreza en que vive más del 61 por ciento de la población hondureña.
Durante los últimos tres años y medio el CNA bajo el liderazgo de la abogada Gabriela Castellanos, ha puesto al descubierto la podredumbre y el papel irresponsable de colaboradores públicos que de forma perversa han delinquido, al apropiarse de elevadas sumas de dinero para satisfacer sus intereses egocéntricos.
A estos señores se les olvida que los puestos públicos son transitorios que con su conducta repudiable, lo único que genera es rechazo entre la población que exige un desempeño profesional apegado a ley, resulta inaceptable ver cómo servidores públicos en poco tiempo cambian su estilo de vida amasando fortunas producto de actos ilícitos.
Mientras no exista un cambio de actitud en las personas seguiremos de escándalo en escándalo, hay que poner un freno a los corruptos y corruptas castigándoles con todo el peso de la ley, es necesario sentar un precedente sin distingo de nadie mandando a la cárcel a todos aquellos malos ciudadanos, que no han sabido valorar el privilegio que el país les ha concedido de servir a la población en un marco de honestidad y transparencia.
De forma propositiva el CNA ha venido aportando a los operadores de justicia pruebas contundentes que señalan a funcionarios públicos, involucrados en supuestos actos de corrupción, estos expedientes están en poder del Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para que sean judicializados y culminen en sentencias condenatorias.
Entre el período 2014 a 2016 el Consejo ha presentado a las instancias respectivas 59 casos por supuestos actos de corrupción, distribuidos así: En 2014 se entregaron 10 expedientes investigativos; en 2015 fueron 17 y en 2016 ascendió a 32 casos solo en este año el CNA tuvo la capacidad de identificar un desfalco superior a los 416 millones de lempiras.
Obtener ganancias indebidas conduce al ser humano a infringir la ley con tal de satisfacer sus caprichos personales, es inaceptable seguir dándole espacio a los corruptos, es tiempo de ponerles un freno a sus maquiavélicos planes y castigarles para que sufran en carne propia el daño cometido a su prójimo.
Con responsabilidad el Consejo ha venido aportando elementos conducentes a producir pruebas de cargo, para que las entidades responsables de aplicar la justicia lo hagan de manera pronta y oportuna, postergar esta situación es profundizar a un más el descontento popular, de ver como los corruptos ganan terreno en un país donde la impunidad ha prevalecido.
Por ejemplo, el CNA investigó a once corporaciones municipales durante el 2016 entre ellas: Tela, en el departamento de Atlántida; La Libertad, Comayagua; El Progreso, Yoro, Guajiquiro, La Paz; San Isidro, Intibucá; Potrerillos y Moroceli, El Paraíso; El Porvenir; San Antonio de Oriente y Ojojona en Francisco Morazan; generando un perjuicio superior a los 65 millones de lempiras.
Pero no solo servidores públicos de alcaldías infringieron la ley también hay involucrados empleados de otras dependencias estatales como: El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP); Secretaría de Salud; Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA); Patronato Nacional de la Infancia (PANI); Programa de Asignación Familiar (PRAF); Instituto de la Propiedad (IP) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Del total de denuncias promovidas por el Consejo el año pasado, 27 fueron interpuestas ante el MP; cuatro al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y una al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con los insumos aportados por el CNA no se justifica que las entidades responsables de aplicar la justicia, sigan permitiendo que los corruptos hagan lo que quieran, se precisa de un golpe categórico privándoles de su libertad para desnudar a hombres y mujeres que presas de la avaricia, son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidad en descrédito de las grandes mayorías.
