José Víctor Agüero Aguilar
La corrupción es una plaga infernal que genera destrucción y pobreza. Este terrible flagelo hunde a los países en el subdesarrollo por la conducta amoral de hombres y mujeres, que usan el poder para robar dinero del Estado. Esta terrible realidad retrata a una sociedad carente de valores éticos, morales y espirituales.
En el caso particular de Honduras este mal endémico ha golpeado con fuerza a los extractos más pobres, que han visto con repudio como servidores públicos irresponsables han traficado con el poder cometiendo todo tipo de exabruptos, con el único objetivo de satisfacer sus propios caprichos sin importarles en lo más mínimo el dolor de sus compatriotas.
La población hondureña está hastiada de ver como los fondos públicos, se desvían para fines particulares, ante la inoperancia de las entidades responsables de aplicar la justicia, que no han sido capaces de castigar con severidad a los corruptos y corruptas. Esta situación ha generado sentimientos de rechazo por parte del pueblo que se pregunta hasta cuando verán en prisión a un alto servidor público pagar por todo el daño ocasionado al país.
Frente a este complejo panorama muchos ciudadanos del país en su desesperación por denunciar actos de corrupción, han recurrido al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil que en los últimos años ha emprendido acciones categóricas para combatir este flagelo, ganándose la confianza de importantes sectores de la nación.
Por ejemplo, entre el período 2014 a 2016 el CNA presentó a los órganos persecutores del delito un total de 59 casos por supuestos actos de corrupción, generando un perjuicio acumulado en contra del Estado de aproximadamente tres mil millones de lempiras, una cifra significativa para un país donde más del sesenta por ciento de su población vive en condiciones de extrema pobreza.
De las 59 líneas de investigación que el Consejo documento ante las instancias persecutoras del delito apenas 10 han sido judicializadas, cuatro en 2014, que comprenden dos casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) y de una institución bancaria comercial.
Para el 2015 se judicializaron dos líneas de investigación una que corresponden a la corporación municipal de Tela, Atlántida y la segunda al Seguro Social, y en 2016 fueron judicializados cuatro casos del Instituto de la Propiedad (IP), a pesar de estos esfuerzos la población demanda mayor agilidad de los entes persecutores del delito a fin de ejercer la acción penal que culminen en sentencias condenatorias.
Solo en 2016 el CNA presento 32 expedientes investigativos ante los órganos persecutores del delito, distribuidos así: 27 casos al MP, cuatro al TSC y uno al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el perjuicio identificado supera los 416 millones de lempiras.
Combatir la corrupción requiere de convicción y firmeza por parte de las entidades responsables de aplicar la justicia, en tal sentido ya no hay tiempo para seguir postergando la imperiosa necesidad de tomar decisiones históricas, donde se sancione a todos aquellos hombres o mujeres que en el ejercicio de un puesto público, han actuado de forma irresponsables en contra del país.
Mientras no exista un precedente de llevar a un alto funcionario a la cárcel seguirá existiendo en la población hondureña la duda que la aplicación de la justicia responde a intereses políticos y económicos, hoy más que nunca los diversos sectores del país, exigen pasar del discurso a los hechos, sin más dilatorias, componendas ni favoritismo.
Con las denuncias que el CNA ha presentado de forma responsable a los entes persecutores del delito, se evidencia un interés genuino de contribuir a desenmascarar el accionar repudiable de servidores y ex servidores públicos, que coludidos con el poder han cometido un sin número de delitos al margen de la ley.
No hay duda que la corrupción es una plaga infernal que de no tomarse los correctivos necesarios seguirá sembrando destrucción, es tiempo de ponerle un alto a este flagelo y recordarle a todo servidor público y tomador de decisión, del compromiso que tienen de trabajar en forma honesta y transparente, asumir otro tipo de actitud les exponen a pasar largos años tras una cárcel siempre y cuando los operadores de justicia no se dejen torcer el brazo.
