Más de 30 organizaciones de la sociedad civil y redes institucionales que confluyeron en la sede del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) el pasado miércoles 17 de julio, conformaron un espacio ciudadano para manifestar conjuntamente su total rechazo a la puesta en vigencia del denominado “Código Penal de la Impunidad”.
Esta nueva herramienta aprobada entre 2017 y 2018 por el Congreso Nacional de la República, es considerada por este espacio como un mecanismo que nace con el propósito de blindar la impunidad en el país y seguir debilitando directamente los esfuerzos anticorrupción.
Entre los presentes, también se sumó la voz de preocupación de la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al referir lo lesivo que constituye el código en materia de derechos humanos.
Cabe destacar que esta normativa que se pretende poner en vigencia a partir del 10 de noviembre, evidencia la desproporcionalidad en las penas a aplicar y las lesiones a los bienes jurídicos protegidos, ya que a los delitos de delincuencia común les da un tratamiento sumamente riguroso al grado de generar un trato con guante de hierro, en cambio en los delitos contra la administración pública, contra la salud y economía ( corrupción, narcotráfico y lavado de activos) les da un tratamiento especial con el fin de que los futuros enjuiciados y condenados puedan gozar de medidas alternas como brazalete electrónico o arresto domiciliario, teniendo estos tipos penales una atención con guantes de seda.
Esto, naturalmente lacera la libertad de expresión, los derechos humanos, el acceso a la justicia y anuncia la instauración del autoritarismo como un modelo político, económico y social
Es importante señalar, que en la actualidad Honduras está considerada entre los países con mayor índice de corrupción, el más desigual de la región y el más pobre de América Latina, por lo que este vendría a profundizar el deterioro de la nación.
Frente a ese preocupante escenario, este importante espacio ciudadano manifestó su disposición de poner su mejor personal especializado con la finalidad de presentar una propuesta de un nuevo Código Penal, que sí se ajuste a la realidad de Honduras, que refuerce el combate contra los corruptos, pero sobre todo que contribuya al rescate del Estado de derecho y abra las alamedas frente al acceso a la justicia.
