No más secretividad en el sector público
MARIO ARGUETA/Diario El Heraldo
La tendencia a ocultar información generada en dependencias estatales ha sido una constante de nuestros gobiernos, bajo la justificación de que no pueden revelarse “secretos de Estado”.
Esa injustificada actitud se convierte en un escudo impenetrable para evitar que la ciudadanía se entere de la manera en que se manejan sus impuestos, las licitaciones y contratos con la empresa privada, los préstamos contraídos con la banca nacional y extranjera, la manera como se aprueban las distintas partidas y asignaciones en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la nación.
Paralelo a ese encubrimiento se acompaña la destrucción de documentación oficial, generada en dependencias gubernamentales tanto en nuestras relaciones internas como externas, por considerarla comprometedora y que pone en peligro la seguridad nacional, pasando por alto que dicha acción es constitutiva de delito.
Sectores de la sociedad civil organizada como el Comité por la Libre Expresión, la Asociación para una Ciudadanía Participativa y el Consejo Nacional Anticorrupción, también aportan estudios, críticas y pruebas fehacientes en pro de la transparencia y el rendimiento de cuentas.
Es oportuno reproducir estas pertinentes reflexiones: “Tenemos que conocer lo que hacen los gobiernos y por qué lo hacen, independientemente de lo que ellos quieran que nosotros sepamos. Nuestra autorización para gobernar no incluye la autoridad para ocultarnos información. Para promover la representación, la democracia requiere un régimen de libre información. No debe depender de lo que los gobiernos quieran que sepamos…” (Agustín Blanco, “Reforma política y participación ciudadana”. Sal Terrae, Revista de Teología, Tomo 102/3, no. 1-187, marzo 2014).
Otro aspecto a tomar en cuenta relativo al acceso a la información pública se refiere a la calidad de la información divulgada: con frecuencia está incompleta y/o desactualizada o no es la solicitada o, peor aún, ha sido manipulada y alterada. C-Libre concluye que no solamente se han de abrir las instituciones públicas al escrutinio popular, adicionalmente debe “ciudadanizarse” la información, es decir debe estar asociada, en forma directa, a su utilidad para la ciudadanía y no solamente para informar sobre el manejo de lo público.
