Tegucigalpa. El nuevo Código Penal determina que robarse un celular es un delito sancionado con más años de cárcel que el de malversar todo el presupuesto de una secretaría, criticó la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Este señalamiento lo formuló Castellanos en la conferencia “Efectos del Código Penal en el Estado de derecho y la ciudadanía”, que se celebró este miércoles en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).
“Hoy, bajo ese marco legal, es más fuerte la pena que un hondureño se robe un celular, estoy hablando del delito de robo, a que un funcionario público se robe el presupuesto de esa institución”, expresó Castellanos ante un auditorio de 120 personas.
Ese instrumento legal, que sustituiría al aprobado en 1983, indica que el robo se sanciona con una pena de 4 a 8 años de cárcel, mientras que la malversación se castiga con 4 a 6 años.
La directora del Consejo remarcó que la malversación es uno de los tipos penales por los cuales más son denunciados los funcionarios públicos.
“El delito de robo es un delito común, pero el delito de malversación es un delito especial que solo puede cometer un funcionario público o exfuncionario público”, acotó.
El CNA es parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil que demanda que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, que se prevé sea aplicado desde el 10 de noviembre próximo, porque fomenta la impunidad.
De igual manera, Castellanos deploró que en el nuevo código desaparece el delito de abuso de autoridad.
“Nos preocupa la rebaja de penas en contra de la administración pública”, señaló.
Tan bonancible es ese cuerpo legal que, enfatizo Castellanos, si, por ejemplo, Estados Unidos pide en extradición al presidente de la República, este puede ser juzgado y sancionado en Honduras por los delitos que habría cometido en esa otra nación y así evitar su entrega.
La libertad de expresión sufriría un duro golpe si este código entra en vigencia, pues establece que, si una persona se siente ofendida por alguna nota periodística, se podrán deducir responsabilidades al redactor y si no se logra enjuiciarlo se buscarán otros culpables dentro del medio de comunicación, dijo la directora ejecutiva del CNA.
“El tema del delito de la libertad de expresión nos preocupa porque castiga a todos por todo, es decir, si hay una nota en un medio de comunicación en contra de un funcionario y esa nota la prepara un periodista, entonces se van contra el periodista; pero si al periodista no se le puede encontrar responsabilidad se van contra el redactor y si al director no se le encuentra responsabilidad se van contra el director”, expresó.
Al final de la conferencia, a la que llegaron estudiantes y docentes de las carreras de Periodismo, Derecho y Mercadotecnia de Ceutec, Castellanos contestó preguntas y escuchó las preocupaciones que despertó en estos los efectos nocivos del código.
Castellanos hizo un llamado a la ciudadanía para que se manifieste de forma pacífica contra la entrada en vigencia de este código.
