Luz Ernestina Mejía.
Abogada
los únicos que entusiasma es a quienes lo aprobaron. El Código Penal que entraría en vigencia en noviembre, no sería eficaz en el combate al delito, sería un acicate a la impunidad.
El desasosiego formado debe motivar a legisladores a escuchar las voces que reclaman su derogación. No reformas. Uno nuevo.
El que el Consejo Nacional Anticorrupción señale al menos cuatro artículos que no fueron aprobados en sesiones, ya lo vuelve sujeto de la actividad fiscal correspondiente. No necesitarían nada más, ni legisladores ni órganos jurisdiccionales para impedir la entrada en vigencia. La que aun cuando no fuera prorrogada su vacatio legis de derecho, también de derecho, sería suspendida con la interposición segura de recursos ante la Sala de lo Constitucional. Lo anterior, desprendido de la alerta que hacen organizaciones de la Sociedad Civil. Pero ya de su estudio, se colige, que en efecto, el nuevo Código Penal traería más problemas que soluciones.
Se entiende que no se trata de que la criminalidad va a ser reducida ipso facto por su aplicación. La realidad nacional proviene de problemas estructurales que no desaparecerían con un nuevo código penal acorde a los requerimientos de esa realidad, menos con este, confuso y proclive a favorecer la actividad delincuencial. La reducción de penas en delitos de alto impacto, no se justifica con esgrimir la proporcionalidad.
Numerosos recursos de revisión en aplicación del principio de irretroactividad con su excepción, alcanzarían sus objetivos. En lo que no podemos coincidir con apreciados ciudadanos es en que se excluyan delitos contra el honor, si más bien sus penas han debido ser endurecidas.
El honor es uno de los bienes jurídicos más valiosos, quien lo destruya con injuria o calumnia debe cargar con todo el peso de la ley. Si no se comete delito de injuria o calumnia no hay porque temer. Si en Honduras nadie ha ido ni ira a prisión por denunciar corrupción. Es lo correcto. Esta nación es el paraíso de la libre expresión.
