El Consejo Nacional Anticorrupción ha señalado a varios empleados y ex empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que, entre otras cosas, sobrevaluaron hasta artículos de casa, para beneficiar a saber a quién, en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. La ciudadanía ve como se destapa otra olla de corrupción y como se hacen públicos hechos que causan indignación.
Los hondureños, poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a la revelación de este tipo de situaciones vergonzosas que dejan al desnudo la escasa o nula fibra moral que ha caracterizado a muchos de nuestros funcionarios. Durante décadas, tristemente, la hacienda pública ha sido considerada como un botín a repartir, e incluso pareciera que aquellos que han accedido al poder se han sentido con el derecho legítimo de apropiarse de todo bien material posible, a veces para recuperar una supuesta inversión hecha para llevar a alguien a un cargo de gobierno.
Con el proceso seguido a los inculpados en el escándalo del Seguro Social, ante los ciudadanos honrados, que somos la mayoría, se abrió una ventana de esperanza. Todos pensamos que, a estas alturas, con las pruebas fehacientes presentadas ante las distintas instancias del aparato jurídico nacional, todos los involucrados iban a estar juzgados y condenados. Todo ha sido más lento de lo deseado, pero algo se ha logrado.
Además del daño económico que los actos de corrupción causan, los daños morales concomitantes también son de considerar. Por ejemplo cuando los que pagamos impuestos nos damos cuenta que nuestro dinero ha servido para engordar un patrimonio personal y no para la construcción del bien común, cunde la desconfianza y surge la tentación de la evasión o de hacer trampas para evitar tributar a favor de los ladrones. Luego, además se generaliza la opinión de que todo funcionario es corrupto y, en el imaginario popular, se instala la idea de que solo robando se puede prosperar económicamente. La idea del servidor público es sustituida por la idea del ladrón de los bienes públicos.
Es imperativo que cada vez se haga una denuncia como la que ahora ha hecho el CNA, se desarrollen unas investigaciones diligentes, se acuse formalmente a los que han delinquido y se les aplique el castigo correspondiente. Cuando se hacen denuncias o acusaciones y luego no pasa nada se despierta la sospecha de la sinceridad de la denuncia y se puede creer que todo es un show mediático para mantener entretenida a la gente y hacerle pensar que se está luchando en contra de la corrupción. Por eso es importante que se agilicen las investigaciones y que aquellos que han traicionado la confianza de la ciudadanía paguen por sus faltas.
Fuente: Diario La Prensa.
