Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Desde su creación en el año 2005 a la fecha, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha tenido que moverse, de manera voluntaria o motivado por presiones externas, en los conflictivos entornos del interés político, el tráfico de influencias y la presión de grupos económicos poderosos que regularmente han hecho contrapeso con su misión de apoyar las políticas y acciones que en el combate a la corrupción emprenda el gobierno de Honduras y a iniciativa propia.
Por la coordinación del CNA pasaron inicialmente las iglesias, Católica y Evangélica, y que en su momento decidieron dar un paso al costado cuando la asamblea, con razón o no, les negó la posibilidad de seguir dirigiendo la institución, situación que agudizo en los últimos años el deterioro de la imagen institucional promovida desde la intervención y la manipulación de los políticos de turno.
Después de un desafortunado periodo de gestión, que politizó y desmembró al Consejo Anticorrupción, y del que no viene al caso profundizar, la nueva administración, encabezada por Gabriela Castellanos y Dagoberto Aspra, da muestras de retomar los principios, los valores, la misión y la visión de un organismo que debe urgentemente convertirse en auditor, denunciante y vocero popular ante la falta de una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Las recientes investigaciones y los contundentes informes presentados en esta nueva gestión, hacen revivir la esperanza de por fin encontrar el camino correcto que se debe transitar en busca de adecentar la administración pública y devolverle a la ciudadanía la garantía de la denuncia efectiva.
El nuevo CNA se ha venido de frente contra la corrupción sin importar de quién se trata, de qué partido político, de qué grupo empresarial o económico, pero sus acciones corren el riesgo de debilitarse si no se cuenta con un sistema judicial eficiente que complemente su trabajo.
Las políticas anticorrupción en Honduras son todavía muy livianas, y si bien en la actualidad se dan muestras de significativos avances, no podemos desconocer que la presión para evitar el retroceso de este flagelo social es aún mayor.
Una verdadera y exitosa política de combate a la corrupción requiere no solo de la difusión mediática, sino de incorporar acciones concretas y reales que demuestren el compromiso de luchar contra la impunidad, y en este sentido, es indispensable castigar a quienes comenten actos irregulares.
Fuente Diario La Tribuna, 21 de Septiembre de 2014
