Tegucigalpa.
La llegada del buque MV Emma desde Turquía con dos de los cinco «triajes móviles» que corresponderían a los departamentos de Copán y Choluteca generó expectativa por razones equivocadas a lo que las circunstancias de la pandemia deberían indicar.
Tuvo que ser un acontecimiento que acarreara esperanza a la población hondureña, pero lo que se roba la atención es la duda de lo que viene en esos contenedores y sí realmente representan la continuidad del fiasco como los dos primeros triajes que llegaron en el mes de julio –que siguen sin funcionamiento–, y que desde Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y otras entidades gubernamentales insisten en llamarles «hospitales móviles».
Es importante recordar que el pago se efectuó en dos órdenes de compras al proveedor Elmed Medical Systems Inc. La primera realizada el 19 de marzo de 2020 con correlativo R_EGA_F01F07, fue para adquirir dos supuestos hospitales móviles con capacidad de 91 camas por lo que se erogaron más de 392.7 millones de lempiras; con casi dos meses de demora la fecha de entrega, se burló del pueblo al proporcionar dos triajes móviles que siguen sin funcionar.
Mientras que la segunda, se ejecutó el 2 de abril del año en curso con correlativo R_EGA_F01F07, para adquirir un supuesto hospital móvil con capacidad de 91 camas y cuatro con 51 camas cada uno, adicionando siete plantas de tratamiento de residuos médicos, por lo que se destinaron más de 781.7 millones de lempiras, de los cuales apenas están llegando dos de los cinco restantes y con cuatro meses con 12 días de atraso.
Esto en total significó un pago de «buena fe» por parte de Invest-H al proveedor superior a los 1,174 millones de lempiras, identificando que en realidad el valor auténtico de los siente hospitales es apenas de 369.1 millones de lempiras, por lo que el señor Marco Bográn, exdirector de la institución pública en mención, determinó favorecer al señor Alex López, quien fungió como intermediario, con más de 804.8 millones de lempiras.
Primera orden de compra de hospitales móviles (19-03-2020).
EXCURSIÓN DE LA IMPUNIDAD
El cargamento, que hizo varias escalas -sin razón alguna- en islas del Caribe luego de navegar desde Euroasia donde se localiza Turquía, se tardó cuatro meses y doce días en arribar a Puerto Cortés, Cortés y en ese lapso de agónica espera se han registrado oficialmente 2,446 víctimas del COVID-19, pero sobre todo de la corrupción gubernamental.
El CNA ya se encuentra en el lugar de los hechos, una vez más para hacerle frente a la opacidad de los corruptos, al silencio cómplice de los encargados de decir la verdad y la negligencia de los operadores de justicia, que a la fecha siguen sin pronunciarse por esta verdadera tragedia que ha enlutado a ciento de familias en la nación y que no se tiene certeza cuándo serán instalados y puestos en funcionamiento.
Hace algunos días se emitió un requerimiento fiscal contra Alex Moraes, exadministrador de Invest-H, por malversación de caudales públicos, y otra dos en contra de Marco Bográn, otrora director del mismo órgano, por el mismo delito y otro de violación de los deberes de los funcionarios, no obstante, los análisis develan que fueron acciones débiles para apaciguar las aguas de una agitada ciudadanía que le exige acción al Ministerio Público (MP) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
RECLAMO DE JUSTICIA
Si bien es preocupante la situación por el «hospitalazo» y las víctimas de las cuales no quiere hacer caso el gobierno, en la ciudadanía existe una gran indignación por la falta de aplicación de la justicia en contra de todos aquellos involucrados -materiales e intelectuales- en las irregularidades por las compras en el estado de crisis declarado por la pandemia y el exceso de discrecionalidad en su toma de decisiones.
Es urgente que los requerimientos fiscales del resto de las acusaciones que la Fiscalía anunció, sean fuertes, robustos y tenaces, puesto que la historia ha indicado dos momentos: por un lado, que con intencionalidad no los preparan con vigor o por otro, que es para bajar la presión pública, pero en comparsa con los corruptos.
Asimismo, la falta de garantías o penalizaciones para el proveedor por el incumplimiento de los plazos prometidos es de las primeras circunstancias inadmisibles en una compra hecha, además, con un 100% del monto desde un inicio.
El MP y TSC tienen el gran reto de levantar su cara ante la población, porque los familiares de los fallecidos por esta -crónica de impunidad anunciada- deben saber que los responsables de garantizar el acceso a una salud digna y que determinaron no hacerlo pagarán por sus vínculos a la corrupción.
