Constituido mediante Decreto No. 7-2.005, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuenta entre sus principales funciones el apoyar las políticas y acciones que emprenda el Estado para el combate a la corrupción, para lo cual tiene acceso a los presidentes de los poderes estatales y a los demás funcionarios y empleados públicos; propone acciones, políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir la corrupción en el país, debiendo informar de sus actividades al Congreso Nacional y a la ciudadanía.
En su vida institucional el CNA ha pasado por tres etapas: la primera priorizó la educación cívica y la exaltación del pensamiento de nuestros próceres, como paradigmas de honestidad y patriotismo, proyectándose hacia la población mediante foros, charlas, publicaciones, que divulgaron la vida y pensamiento de ellos, al igual que aspectos jurídicos y éticos que enfrenta el arduo combate contra el cohecho.
La segunda representó un período de crisis y pérdida de credibilidad, al olvidar su razón de ser, convirtiendo en apéndice de las directrices del gobierno de turno, con ello encubriendo acciones oficiales ilícitas, incumpliendo los objetivos y misión encomendada.
La actual se distingue por el dinamismo, responsabilidad y capacidad profesional en la investigación de actuaciones públicas y privadas irregulares. Gracias al celo y competencia demostrados se han abierto líneas investigativas que han sido entregadas a la Fiscalía para complementar y ampliar las emprendidas por el Ministerio Público, facilitando emprender la acción penal correspondiente.
Una prueba fehaciente del presente activismo del CNA lo ofreció la actual directora del Injupemp en entrevista concedida a EL HERALDO (16-6-2.015): “El CNA ha sido el primero y el único que se ha presentado… a solicitar información relacionada con préstamos hipotecarios”.
La población no puede continuar indiferente ante el saqueo de los fondos públicos para provecho particular, lo que empobrece aún más a Honduras, debilitando sus instituciones, incrementando la desigualdad, ahuyentando la inversión local y foránea, poniendo en peligro la paz social.
La corrupción puede ser derrotada si existe suficiente voluntad política y presión ciudadana sostenida que obligue a las autoridades a investigar, enjuiciar y castigar a los corruptos y corruptores del nivel que sean.
