Es la responsable de llevar a cabo los procesos de auditoría penal y el desarrollo de líneas de investigación, a partir de denuncias ciudadanas o investigaciones de oficio, sobre supuestos actos de corrupción donde están comprometidos los fondos provenientes del erario público, en los que se vean involucrados funcionarios, empleados y servidores, teniendo como base lo establecido en la Convención Interamericana Contra la Corrupción

y la Convención de las Naciones Unidas.